Resumen: Delito continuado de agresión sexual a menores de dieciséis años. Modificación de la calificación por imperativo del principio de retroactividad de la ley penal más favorable o beneficiosa al recurrente. Motivación suficiente de la sentencia apelada. Función del Tribunal de apelación en relación con la valoración de la prueba efectuada en la primera instancia. Función del Tribunal de apelación en relación con la valoración de la declaración de la víctima en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Régimen legal aplicable más beneficioso al reo: el vigente en la fecha de los hecho, al ser más graves las penas accesorias en la redacción vigente. Apreciación de delito continuado. Individualización de las penas privativas de libertad que no vulnera el principio acusatorio.
Resumen: Estima el recurso de apelación, revoca la sentencia condenatoria y absuelve por el delito de coacciones leves, manteniendo la condena por delito de lesiones leves. Se alega que el recurso es extemporáneo. Se desestima dicho alegato ya que se dicta providencia que alza la suspensión de plazos acordada como consecuencia de las peticiones de las partes de entrega de la grabación del acto del juicio, entendiéndose que la notificación debe tenerse hecha al día siguiente hábil de la recepción de la misma, contando desde entonces el plazo para recurrir. El delito de coacciones requiere: 1) una conducta violenta contra la persona (vis física) o contra las cosas (vis in rebus) o intimidativa (vis compulsiva), ejercida de modo directo o indirecto e incluso a través de terceras personas; 2) una finalidad, impedir hacer lo que la ley no prohíbe o efectuar lo que no se quiera, sea justo o injusto; 3) ha de tener la intensidad de violencia necesaria para ser delito; 4) un dolo genérico, deseo de restringir la libertad ajena; y 5) ilicitud del acto, examinado desde la normativa de la convivencia social y la jurídica que preside o debe regular la actividad del agente, el cual no ha de estar legítimamente autorizado para emplear violencia o intimidación. En el caso, en los hechos probados no se declara acreditado ningún acto de compulsión para forzar la libertad de la denunciante, no permitiendo identificar el resultado de la perturbación de la libertad personal de la presunta víctima.
Resumen: El Tribunal de extradición carece de cualquier capacidad de supervisión o control sobre la aplicación del Derecho interno del Estado reclamante. Están precisados los hechos por los que se solicita la extradición. Fala de precisión sobre de qué forma se van a lesionar los concretos derechos del reclamado, al no ofrecerse suficiente respuesta al porqué considera el interesado que no se le va a someter a un juicio justo y que se le dispensará un trato vejatorio. No existe prueba alguna, ni siquiera indiciaria, acerca de la concreta y real exposición del reclamado a tratos inhumanos o degradantes en el supuesto de que se accediese a su entrega.
Resumen: Confirma la sentencia del Juzgado de Instrucción que condena a un denunciado como responsable de un delito leve de coacciones. Denunciado que coloca un candado para impedir a la arrendataria de una vivienda entrar en ella. Tipo penal de coacciones. Conducta encaminada a obligar a otro a hacer lo que no quiere o le impide hacer aquello para lo que está legitimado. El ocupante de una vivienda no puede impedir a la arrendataria de esa misma vivienda acceder a su interior, aunque no habite en ella.
Resumen: ABANDONO DE FAMILIA: el impago vino por la falta de capacidad del sujeto, sino por la incorporación del hijo al mercado de trabajo. SENTENCIA ABSOLUTORIA: no es posible revocar la absolución ni agravar la pena impuesta cuando se alegue un error en la valoración que venga determinada por el ejercicio de la inmediación en materia de prueba personal, cuya ausencia condiciona la labor de determinación del órgano superior. ELEMENTO SUBJETIVO DEL INJUSTO: el impago no implica una voluntad renuente del acusado al pago de las pensiones, ni el incumplimiento doloso de las obligaciones paterno filiales establecidas en sentencia firme, aunque ello no lo hubiera comunicado a la otra parte, no es una interpretación errónea, sino una interpretación del elemento subjetivo del tipo penal.
Resumen: Competencia para conocer de los delitos cometidos en el extranjero, encuadrados dentro de las competencias de los Juzgados de Violencia contra la Mujer. La competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción solo procede cuando la víctima carece de "domicilio" en España. El núcleo de los hechos denunciados tuvo lugar en España, y la víctima tiene su domicilio en España. Atribución de competencia al Juzgado de Violencia sobre la mujer del domicilio de la víctima.
Resumen: El acusado, durante más de un mes y medio retuvo a sus hijas, contra la voluntad de la madre, con grave incumplimiento del régimen de custodia establecido en la resolución judicial firme, en una ciudad situada a una considerable distancia de su localidad de residencia, procediendo además a la escolarización de las menores en un centro educativo sito en la residencia paterna, no procediendo a la entrega de las menores hasta prestar declaración en la causa en calidad de investigado. Causa de justificación. Error de prohibición indirecto. El error de prohibición consiste en la creencia de obrar lícitamente si el error se apoya y fundamenta en la verdadera significación antijurídica de la conducta. Esta creencia en la licitud de la actuación del agente puede venir determinada por el error de la norma prohibitiva, denominado error de prohibición directo, como sobre el error acerca de una causa de justificación, llamado error de prohibición indirecto, produciendo ambos la exención o exclusión de la responsabilidad criminal, cuando sea invencible.
Resumen: Denegación de preguntas. La pertinencia no agota el juicio de admisión de un determinado medio de prueba o pregunta. Ha de respetarse, también, las reglas que determinan los límites y el modo en que dicha información puede acceder al cuadro de prueba. Una pregunta puede ser pertinente, por tener relación con el objeto del proceso y buscar la obtención de un dato relevante, pero puede declararse inadmisible porque en su formulación no se respeten las reglas de producción previstas en los artículos 439 y 709, ambos, LECrim o se traspasen los límites indagatorios por lesionar de manera desproporcionada e indebida los derechos a la intimidad y la dignidad de la persona interrogada. Ni el interés público en la investigación de un delito ni el derecho a la prueba de las partes del proceso penal, incluso de la persona acusada, justifican por sí y sin ninguna otra consideración ponderativa una intervención que cosifique indebidamente al testigo o se pretenda, sin justificación, obtener información de su esfera íntima. Ninguna persona puede verse despojada a la ligera de sus derechos fundamentales por la sola razón de que sea llamada al proceso ya sea como testigo o en cualquier otra condición. Unidad natural de acción en agresiones sexuales. Sin perjuicio de algunos pronunciamientos ya antiguos de esta Sala Segunda -vid. SSTS 551/1994, de 11 de marzo y 1024/94 de 13 de julio- que sostuvieron la pluralidad normativa de acciones en supuestos de accesos carnales por vías distintas, aunque se produjeran en un mismo contexto espaciotemporal, al apreciar un incremento del contenido de injusto de la acción y una renovación de la intención de atentar contra la libertad sexual de la víctima, la jurisprudencia más consolidada -vid. SSTS 680/2025, de 14 de julio; 613/2025, de 2 de julio; 701/2024, de 3 de julio; 487/2014, de 9 de junio- viene identificando unidad natural de acción cuando los actos de cosificación sexual de que se traten recaen sobre una sola persona y se producen de forma iterativa y progresiva en una misma situación espacio-temporal, exteriorizando un único impulso erótico. En estos casos, concurren los factores denominados «final» -una voluntad única que mueve los distintos movimientos del sujeto en el mismo marco temporal y espacial- y «normativo» -relativo a la naturaleza de las normas infringidas como delitos mixtos que contemplan varios actos, sin perjuicio de la relación de alternatividad a efectos consumativos-, que prestan unicidad típica a la conducta. Unicidad que se rompería si se produce una novación de la motivación sexual que determinó los previos ataques a la libertad del sujeto pasivo o una ruptura significativa del marco tempoespacial de producción. Piénsese, por ejemplo, en el intervalo que trascurre para recuperar el impulso sexual tras una eyaculación -vid. STS 994/2011, en la que se alude a esta solución- o cuando el autor aprovecha nuevas y distintas circunstancias situacionales, espaciales y temporales para acometer de nuevo a la víctima -vid. al respecto, STS 125/2018, de 15 marzo, que analiza el supuesto de un sujeto que tras un primer acceso carnal violento en el coche, traslada a la víctima a su domicilio donde se producen nuevos accesos carnales. En este caso, se apreció la concurrencia de dos acciones típicas pues se produjo «cambio espacial claramente diferenciado» entre las mismas, revelador de un «dolo renovado»-.
Resumen: Labor del tribunal de apelación en la valoración de la prueba. Valoración de la declaración dela víctima en delitos contra la libertad sexual.
Resumen: En materia del recurso de apelación con respecto a las sentencias absolutorias dictadas por los Juzgados de lo Penal ante las Audiencias Provinciales, la reforma de la LECrim por Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECR para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales sólo permite la anulación de la sentencia, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa. Omisión de fundamentación y valoración de la prueba practicada en relación con varios hechos.
